Los Plenipotenciarios de la República de Cuba y de la República del Ecuador, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación,

CONSIDERANDO

Que existe la voluntad común de fomentar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, contribuyendo así a impulsar el proceso regional de integración económica.

Que es conveniente facilitar las corrientes comerciales bilaterales, asegurar las condiciones de libertad y equilibrio del comercio mutuo, con el objetivo de establecer un espacio económico latinoamericano, impulsar la complementación económica, intensificar las acciones de cooperación en áreas de mutuo interés y promover el desarrollo de inversiones,

Celebrar un Acuerdo de Complementación Económica, de conformidad con lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980 y en la Resolución 2 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC, que se regirá por las disposiciones siguientes:

Artículo 1.- El presente acuerdo tiene como objetivos:

a) Facilitar, expandir, diversificar y promover el comercio entre las Partes y todas las operaciones asociadas al mismo;
b) Procurar que las corrientes bilaterales de comercio exterior fluyan sobre bases armónicas y equilibradas;
c) Fortalecer el intercambio comercial mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias y no arancelarias entre Ecuador y Cuba; y
d) Estimular el desarrollo de inversiones conjuntas, con miras a buscar una mayor participación en los mercados de los dos países, como en mercados de terceros países.

Artículo 2.- Este Acuerdo se basa en el otorgamiento de preferencias, con respecto a los gravámenes y demás restricciones aplicados por las Partes a la importación de los productos negociados en el mismo, cuando estos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios.

Artículo 3.- Las preferencias arancelarias a que se refiere el Artículo anterior, consisten en una reducción porcentual de los gravámenes registrados respecto del Arancel Nacional del Ecuador y del de la Nación Más Favorecida en el caso de Cuba; preferencias que tendrán el carácter de exclusividad a favor de los países contratantes y no serán extensivas a otros países. Las preferencias arancelarias comenzarán a regir a partir de la vigencia de este Acuerdo.

Artículo 4.- En los Anexos  I  y II que forman parte de este Acuerdo, se registran las preferencias arancelarias concedidas por la República del Ecuador y por la República de Cuba, respectivamente, así como las demás condiciones acordadas por las Partes para la importación de los productos negociados, originarios y provenientes de sus respectivos territorios, clasificados de conformidad con la Nomenclatura vigente de la Asociación Latinoamericana de Integración, basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (NALADISA), incluida la descripción de los productos en su forma más detallada.

Artículo 5.- Las Partes se comprometen a mantener las preferencias arancelarias porcentuales acordadas para la importación de los productos negociados en los Anexos  I  y II de este Acuerdo.

Artículo 6.- En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de una Parte gozarán en el territorio de la otra Parte del mismo tratamiento que se aplique a productos similares nacionales.

Artículo 7.- Las Partes podrán, de común acuerdo y en cualquier momento, modificar las listas de productos de los Anexos  I  y II de este Acuerdo y las preferencias otorgadas, procurando que las modificaciones mejoren el tratamiento de los productos negociados.

Artículo 8.- Se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario, cambiario o de otra naturaleza, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidas en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo de los servicios prestados.

Artículo 9.- Las Partes eliminarán de inmediato, las restricciones no arancelarias para los productos incluidos en los Anexos  I  y II. Se exceptuarán aquellas restricciones a que se refiere el Artículo 50 del Tratado de Montevideo 1980 y los Artículos XX y XXI del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT de 1994).

Artículo 10.- Se entenderá por "restricciones", toda medida no arancelaria de carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza, mediante la cual una de las Partes impida o dificulte por decisión unilateral las importaciones provenientes de la otra Parte.

a

Artículo 11.- Para la calificación del origen de las mercancías que se beneficien del presente Acuerdo, las Partes aplicarán el Régimen General de Origen, cuyo texto ordenado y consolidado fue aprobado por la Resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI.

Hasta tanto la Cámara de Comercio de la República de Cuba, entidad certificadora del origen, adopte el formulario tipo de la Asociación Latinoamericana de Integración, ésta utilizará el que figura como Anexo III del presente Acuerdo,

La competencia en materia de normas de origen será ejercida por la Comisión Administradora del presente Acuerdo.

Artículo 12.- El régimen de origen incluirá el concepto de origen acumulativo regional, para favorecer el encadenamiento productivo entre las Partes.

a

Artículo 13.- Las Partes podrán aplicar salvaguardias cuando se produzca un aumento sustancial en la importación de un producto incluido en los Anexos  I  o II, según sea el caso, en cantidades y en condiciones tales que amenacen causar o causen un daño grave a la producción nacional de un producto idéntico, similar o directamente competidor. La salvaguardia consistirá en el restablecimiento del arancel hasta el nivel fijado a terceros países.

Artículo 14.- En desarrollo del artículo anterior, la Parte que aplique una salvaguardia a un producto o grupo de productos solo podrá aplicar gravámenes arancelarios con carácter temporal. Dicha medida se aplicará únicamente por el período de tiempo que se estime necesario sin que exceda de un año. Este término podrá prorrogarse hasta por un año más si persisten las causas que la motivaron.
a
Artículo 15.- La Parte que pretenda aplicar las medidas de salvaguardia solicitará la reunión de las autoridades administrativas del Acuerdo, con el fin de comunicar y consultar su adopción. Tal adopción no requiere consenso.

Cuando los daños de que trata este artículo sean tan graves que exijan acción inmediata, la Parte afectada podrá, con el objeto de contrarrestar los efectos inminentes de la amenaza de daño grave o el daño grave a la producción nacional, invocar con carácter de emergencia, medidas de salvaguardia provisional. La Parte que aplique la medida deberá comunicar a la otra Parte su adopción dentro de un período máximo de siete días a través de las autoridades administrativas, solicitando la convocatoria de consultas inmediatas.

Artículo 16.- Las Partes conservarán sus derechos y obligaciones conforme al artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994) y a las normas de aplicación de las medidas contenidas en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, en relación con cualquier medida de emergencia que adopte una de las Partes del presente acuerdo en la aplicación del mismo. Dicha medida estará sujeta al requisito de que esa Parte excluirá de ella las importaciones de la otra Parte, si éstas no contribuyen de una manera significativa al daño grave en el mercado de la Parte afectada.

a

Artículo 17.- En caso de presentarse en el comercio recíproco situaciones de "dumping" u otras prácticas desleales de comercio, así como distorsiones derivadas de la aplicación de subvenciones a la exportación o de subsidios internos de naturaleza equivalente, la Parte afectada podrá aplicar las medidas que se encuentren contempladas en su legislación interna, previa prueba positiva del daño causado a la producción nacional de bienes idénticos o similares en la Parte importadora, de la amenaza de daños a dicha producción o de retraso significativo al establecimiento de la misma.
a
En todo caso, la Parte que adelante investigaciones por "dumping" o subvenciones, deberá informar de sus actuaciones a la otra Parte y a los productores involucrados, con el fin de dar a conocer los hechos y propiciar una solución conforme a derecho. Los derechos "antidumping" y compensatorios no excederán al margen de "dumping" o al monto de subvención, según corresponda, y se limitarán a lo necesario para evitar el daño, la amenaza de daño o el retraso a la producción.

En todo caso, ambas Partes se comprometen a aplicar sus normas en estas materias, tomando como referencia lo dispuesto en el Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994) y los Acuerdos relativos a la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 y sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.

Artículo 18.- Las Partes promoverán la adopción de medidas tendientes a facilitar la prestación de servicios de una Parte en la otra. A tal efecto, encomiendan a las autoridades de coordinación de este Acuerdo, que formulen las propuestas del caso, teniendo en cuenta el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios GATS.

Artículo 19.- Las Partes propiciarán en materia de transporte aéreo, una mayor y más profunda cooperación de forma tal de garantizar un eficiente servicio entre los respectivos territorios, a través del establecimiento de mecanismos para facilitar y desarrollar las operaciones de servicios regulares y no regulares de pasajeros y cargas, con el objeto de fortalecer el turismo y el comercio entre los dos países.

Asimismo, las Partes se comprometen a establecer mecanismos para facilitar y desarrollar los servicios de transporte marítimo bilaterales, a fin de hacer efectivo un mayor intercambio comercial entre los dos países.

De igual forma, en el marco de las legislaciones vigentes y de los acuerdos bilaterales y multilaterales suscritos en ese marco, se promoverá el libre acceso de carga originada y destinada por vía marítima entre ambos países.
a

Artículo 20.- Las Partes se comprometen a que los reglamentos técnicos y normas, incluidos los requisitos de envases y embalaje, marcado y etiquetado, y los procedimientos de evaluación de conformidad con los reglamentos técnicos y normas, que establezcan o se adopten en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales, no creen obstáculos innecesarios al comercio bilateral.

Particularmente las partes observarán y darán cumplimiento a los siguientes principios directrices:

a) Armonización, en lo posible, de las normas técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad sobre la base de la experiencia y resultados de los trabajos de las organizaciones internacionales de normalización;

b) Otorgamiento a las mercancías provenientes del territorio de la otra Parte, trato nacional y no menos favorable que el otorgado a mercancías similares provenientes de cualquier otro país;

c) Notificación e intercambio de información entre las Partes, con la debida antelación, cuando se trate de adoptar o modificar alguna medida de normalización;

d) Reconocimiento mutuo de sus sistemas de certificación de productos, sistemas de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración, sistemas de evaluación de la conformidad, así como de los órganos de inspección, certificación y acreditación de ambas Partes, previas las evaluaciones necesarias y la armonización de los procedimientos para estos reconocimientos.

Artículo 21.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo XIV, la Comisión Administradora establecerá, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, los procedimientos que permitan atender de manera expedita y con carácter técnico, las cuestiones que una Parte presente cuando ésta se considere afectada por alguna medida del otro país, relacionada con las materias de que trata este Capítulo.

Artículo 22.- Las Partes se comprometen a que las normas fito y zoosanitarias que se establezcan o se adopten en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales:

a) Estén basadas y no se opongan a los principios y evidencias científicas existentes;

b) Guarden armonía con las recomendaciones y directrices internacionales y regionales elaboradas por las organizaciones competentes, tales como la Comisión del Códex Alimentarius, la Oficina Internacional de Epizootias y las organizaciones internacionales y regionales que operan en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria;

c) No discriminen de manera arbitraria o injustificable entre ellas, y

d) No se apliquen de manera que constituyan una restricción encubierta al comercio bilateral.

Las Partes se notificarán e intercambiarán información con la debida antelación, sobre la adopción o modificación de sus normas fito y zoosanitarias.

Artículo 23.- Las Partes promoverán las inversiones dirigidas a crear asociaciones económicas y empresas con capitales de ambos países.

Artículo 24.- Las Partes acuerdan impulsar la inversión de sus nacionales en el territorio del otro país mediante la suscripción de un Tratado Bilateral de Promoción y Protección de inversiones y el intercambio de información sobre oportunidades de inversión.

Artículo 25.- Las Partes propiciarán el establecimiento de programas de difusión y promoción comercial, facilitando las actividades de misiones oficiales y privadas, la organización de ferias y exposiciones, la realización de seminarios informativos, los estudios de mercado y otras acciones tendientes al mejor aprovechamiento de las preferencias del programa de liberación y de las oportunidades que se presenten en materia comercial.

Artículo 26.- Cada Parte otorgará en su territorio, en el marco de sus leyes, reglamentos y políticas respectivas, a los nacionales del otro país, protección de patentes, marcas, modelos y dibujos industriales y lemas en las mismas condiciones que a sus propios nacionales, y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

Artículo 27.- Las Partes promoverán la suscripción de acuerdos que faciliten el acceso a la protección de la propiedad industrial, establezcan las vías adecuadas para el intercambio de posiciones y puntos de vista en cuanto al desarrollo institucional y legislativo en la materia, impulsen el uso e intercambio de la información contenida en los documentos de propiedad industrial y promuevan la formación de especialistas calificados en áreas de interés, así como la cooperación en sentido general.

Artículo 28.- Las Partes se comprometen a facilitar y a auspiciar iniciativas conjuntas destinadas a promover el desarrollo, la adquisición y difusión de tecnologías, a efectos de contribuir al incremento de los niveles de competitividad de sus sectores productivos, en correspondencia con el Acuerdo de Cooperación Técnica, Económica y Científica entre la República de Cuba y la República del Ecuador, firmado el 13 de Octubre de 1987.

Artículo 29.- Las controversias que puedan surgir en la ejecución de este Acuerdo serán resueltas mediante consultas directas entre las autoridades administrativas de las Partes.

a

Artículo 30.- Las Partes evaluarán periódicamente, las disposiciones y preferencias otorgadas en el mismo con el propósito de lograr un avance armónico y equilibrado en los temas de integración y con la finalidad de generar beneficios equitativos para ambos países.

Artículo 31.- Para la administración, desarrollo y coordinación de este Acuerdo, se crea la Comisión Administradora, la que estará integrada por representantes designados por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca en el caso del Ecuador y por el Ministerio del Comercio Exterior en el caso de Cuba y su presidencia será rotativa, correspondiendo a Cuba el inicio de la misma. Sus funciones serán las siguientes:

a) Reunirse periódicamente, por lo menos una vez al año, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo; sin perjuicio de ello, podrá reunirse en forma extraordinaria cuando uno de los países lo estime pertinente.

b) Negociar los entendimientos gubernamentales que sean requeridos para poner en práctica los temas de complementación sectorial aprobados, así como considerar la inclusión de nuevos productos en los Anexos  I  y II del presente Acuerdo.

c) Formular a sus respectivos gobiernos las propuestas que estimen convenientes para resolver las diferencias que puedan surgir de la interpretación y/o aplicación del presente Acuerdo.

Todas las propuestas que formule la Comisión Administradora deberán ser aprobadas por los representantes titulares de los Ministerios indicados en este Artículo.

CAPITULO XVI

COMPATIBILIZACIÓN CON ACUERDOS REGIONALES

Artículo 32.- La aplicación de este Acuerdo se hará en forma compatible con las obligaciones asumidas por las Partes en el Tratado de Montevideo 1980, y por el Ecuador en el Acuerdo de Cartagena.

CAPITULO XVII

CONVERGENCIA

Artículo 33.- Las Partes propiciarán la convergencia de este Acuerdo con otros acuerdos de integración de los países latinoamericanos, de conformidad con los mecanismos establecidos en el Tratado de Montevideo 1980.

CAPÍTULO XVIII

 

VIGENCIA

Artículo 34.- Este Acuerdo entrará en vigor una vez que las Partes se intercambien las comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido. Las Partes comunicarán a la Secretaría General de la ALADI el cumplimiento de los trámites correspondientes.

Tendrá una duración de tres años, prorrogable automáticamente por iguales períodos, siempre y cuando ninguno de las Partes manifieste, por lo menos con noventa días de anticipación a la expiración del período respectivo, su intención de no prorrogarlo.

CAPÍTULO XIX

 

DENUNCIA

Artículo 35.- Cualesquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo. Dicha denuncia surtirá efectos ciento ochenta días después de notificarla por escrito a la otra Parte, sin perjuicio de que puedan pactar un plazo distinto.

A partir de la formalización de la denuncia, cesarán automáticamente para el país denunciante los derechos adquiridos, mientras que las preferencias pactadas en el presente Acuerdo mantendrán su vigencia por un año más.

CAPÍTULO XX

Artículo 36.- Este Acuerdo está abierto a la adhesión, previa negociación, de los restantes países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). La adhesión entrará en vigor una vez que se intercambien las comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas han concluido.

Las Partes comunicarán a la Secretaría General de la ALADI el cumplimiento de los trámites correspondientes.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37.- El presente Acuerdo deja sin efecto y reemplaza el Acuerdo de Alcance Parcial N° 32 suscrito al amparo del Artículo 25 del Tratado de Montevideo 1980 entre los Gobiernos de la República de Cuba y de la República del Ecuador el primero de Agosto de 1995.

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presente Acuerdo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Acuerdo en la ciudad de Montevideo, a los diez días del mes de Mayo de dos mil, en un original en idioma Español.

(Fdo.:) Por el Gobierno de la República de Cuba: Miguel Martínez;

           Por el Gobierno de la República del Ecuador: José Serrano Herrera.

ANEXOS

ANEXO I del ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 46

Síntesis:

ANEXO II del ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 46

Síntesis:

ANEXO III del ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 46

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